En México existen alrededor de 294 mil personas, equivalente a la población de Pachuca, consideradas como “ricos” con fortunas superiores a un millón de dólares, incluidas los 14 ultrarricos que poseen, cada uno, activos por más de mil millones de dólares.

En contraste, alrededor de 46 millones 800 mil mexicanos se encuentran en situación de pobreza, revela Oxfam.

En su último informe titulado: El monopolio de la desigualdad, la organización global que trabaja en más de 80 países para combatir la injusticia de la pobreza, propone revitalizar el rol del Estado mexicano para echar atrás y regular los monopolios, poner impuestos a grandes corporaciones y fortunas personales y reconocer y promover nuevas estructuras empresariales y de propiedad.

Las privatizaciones transferencias directas de riqueza a un grupo

Explicó, que esta concentración de la riqueza en el sector privado ha sido el resultado directo de dos factores relacionados. En primer lugar, las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado que fueron una masiva transferencia directa de riqueza del gobierno a un pequeño grupo de grandes empresarios. 

En las últimas cuatro décadas, más de mil empresas públicas fueron privatizadas y muchas de ellas quedaron en manos de quienes hoy componen la lista de ultrarricos en México; en el año 2020, quedaban apenas 66 empresas públicas.

A lo anterior se suman las concesiones, licencias y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en los últimos 40 años.

Estas privatizaciones y concesiones han sido, en muchos casos, la fuente principal de sus fortunas. Carlos Slim con Telmex, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca, Germán Larrea con Ferrocarriles de México y Roberto Hernández en el sector bancario, entre otros se beneficiaron directamente tanto de la privatización de empresas estatales en el pasado como de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes públicos en el largo plazo.

Los ultrarricos concentran 6 de cada 10 pesos de la riqueza

Para dimensionar la desigualdad las personas ricas en México, que representan a una de cada 500 en el país y que incluyen a los ultrarricos mexicanos, concentran casi 60 de cada 100 pesos de la riqueza privada en México.

El informe que fundamenta cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, señala que los 14 ultrarricos y sus familias en México —aquellos que poseen fortunas de más de mil millones de dólares — concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional, equivalentes a casi 180 mil millones de dólares,

Mientras que 36 de cada 100 personas se encuentran en situación de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y poco más de nueve millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente.

El análisis reconoce que en los últimos cinco años ha habido avances en la política social y salarial, que han mejorado la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales. Se ha reducido la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional de 41.9 a 36.3  por ciento y el salario mínimo ha crecido en 65.2 por ciento en términos reales entre 2018 y 2022. 

Mineras contribuyen poco, contaminan mucho y malas condiciones laborales 

Sin embargo, esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultrarricos. Por eso, Oxfam México propone que es momento de romper la relación de conveniencia entre el poder económico y el poder político en México. 

Por ejemplo, en México, las empresas mineras están mal reguladas: tan solo tres empresas, que pertenecen a Germán Larrea (Grupo México) y Alejandro Baillères (Grupo Peñoles), controlan más de 80 por ciento del mercado minero. 

Contribuyen poco pues en 2022, se recaudó un total de casi 60 mil millones de pesos por medio de impuestos a las empresas mineras, pero esto solo representó 17.9 por ciento del total de sus ganancias, lo cual es bajo cuando se compara con la tasa de impuesto sobre la renta (ISR) que pagan las personas trabajadoras.

Además, el impuesto al valor agregado (IVA) que pagaron fue negativo —casi 17 mil millones de pesos—, lo que significa que el gobierno mexicano no solo les cobró pocos impuestos, sino que incluso les devolvió dinero. 

Contaminan mucho y prácticamente cada año hay un nuevo escándalo por los daños provocados por la actividad minera, lo que acelera la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. 

En agosto de 2014, por ejemplo, una mina de Grupo México derramó desechos tóxicos en el Río Sonora, lo cual ha sido uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México, pues afectó a más de 22 mil personas, las actividades agrícolas y ganaderas y la fauna de la zona.

Por otra parte, las condiciones laborales en las minas casi nunca cumplen con la legislación laboral y las empresas no se hacen responsables de las consecuencias negativas para la salud que tienen sus actividades. 

Como muestra, puede mencionarse el desastre minero de Pasta de Conchos en febrero de 2006, que sigue sin resolverse, y los daños a la salud por la contaminación del aire y de los mantos acuíferos en las zonas mineras del norte del país. 

Sus concesiones son opacas: no hay transparencia en los mecanismos para el otorgamiento de concesiones ni en la elaboración de las evaluaciones de impacto ambiental y su cumplimiento.