En los últimos 20 años, el impacto de las políticas de protección social en México ha generado baja productividad de las empresas, lo que ha ocasionado que durante ese periodo alrededor de 2 millones de ellas desaparezcan, aseguró Santiago Levy Algazy.
Invitado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de las Conferencias Magistrales por el 75 aniversario del organismo regional de Naciones Unidas, el ex subsecretario de Hacienda de México expuso el tema: “Protección Social y Productividad” en la región.
El también ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el gobierno del Presidente Fox (2000-2006), aseguró que el desmedido gasto que tienen las empresas en México por protección social impide su desarrollo.
Explicó que entre 1998 y 2018, la rotación de las empresas en el mercado fue vertiginosa. Durante ese periodo, de un universo de 2 millones 500 mil empresas, agregó, dejaron de existir 2 millones, y entraron al mercado 3.5 millones, y las que sobreviven no crecen lo suficiente.
“En 2018 había más empresas productivas en México que en 1998; alrededor de 100 mil se volvieron altamente productivas y un segmento mucho mayor de empresas chiquitas se volvieron improductivas”, precisó.
Economía informal impide el avance en México
Durante su intervención en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, cuestionó la baja productividad de un país como México que exporta 400 mil millones de dólares en manufacturas al año, más que la suma de toda América Latina.
“Privatizamos alrededor de mil empresas públicas, nos abrimos al comercio internacional, firmamos 14 tratados de libres comercio, estabilizamos la economía, creamos comisiones reguladoras de la competencia, pero en productividad seguimos estancados”, precisó.
Al respecto, sostuvo que la actividad económica en la región está altamente dispersa, ya que el 50 por ciento de la fuerza de trabajo se ocupa por cuenta propia o en empresas muy chiquitas.
En gran medida atribuyó a la economía informal la baja productividad en el país, donde el 90 por ciento de las empresas tienen 5 trabajadores y el 95 por ciento menos de 10, de los cuales la mayoría son informales.
Es importante recordar que las políticas de protección social son parte de los derechos sociales que tienen los trabajadores como estímulos al salario, seguro social, vivienda, pensión, y los programas no contributivos como la ayuda económica a los adultos mayores, entre otras.
América Latina y el Caribe
Santiago Levy, quien también se desempeñó durante 10 años como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoció que en las últimas décadas los países de América Latina y el Caribe han hecho grandes esfuerzos por mejorar las políticas de protección social.
Señaló, que en los últimos 30 años el gasto en protección social en la región pasó del 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 14 por ciento.
El académico recordó que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, principalmente debido a que su productividad no crece, lo que repercute en un bajo crecimiento económico.
Entre 1990 y 2017 la tasa de crecimiento promedio de la productividad total en la región fue de -0.08 por ciento.
“La actividad económica en América Latina y el Caribe está muy dispersa. Alrededor del 50por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) está en la informalidad o en empresas muy pequeñas”, indicó.
Levy Algazi planteó una transformación radical del mercado de trabajo como una condición esencial para el crecimiento socialmente inclusivo en la región.
“Tenemos que superar la dicotomía formal-informal con una arquitectura de universalización de la seguridad social para superar esta vinculación negativa que estamos teniendo entre protección social y productividad en la región”, concluyó.