El conflicto entre la francesa Air Liquide, proveedora de hidrógeno a la refinería de Tula, Hidalgo y el gobierno federal derivado del excesivo costo del gas industrial cuando los volúmenes de petróleo crudo en el tren de refinación son bajos podría culminar, entre otras alternativas, con un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de un ajuste de tarifas, consideró la firma Baker & Associates, Energy Consultants. 

Recordemos, que el gobierno emitió recientemente dos decretos que se refieren a la planta de hidrógeno en la refinería de Tula de Pemex en el Estado de Hidalgo. En el decreto emitido el 9 de febrero de 2024, el gobierno declaró que la planta de la refinería es de “utilidad pública”, requisito legal a un paso de la expropiación.

Por dos razones independientes, el decreto considera que debería perseguirse la propiedad estatal de la planta de hidrógeno (que había sido vendida a Air Liquide, SA, el proveedor mundial francés de gas industrial). 

Excesivo el costo unitario del hidrógeno 

George Baker autor del análisis de la disputa entre Air Liquide y el gobierno, explica, que una razón esgrimida por la parte oficial es que el costo unitario del hidrógeno que se considera excesivo cuando los volúmenes de petróleo crudo en el tren de la refinería de Tula, Hidalgo son bajos. 

La segunda razón es que el hidrógeno es un componente crítico en la producción de combustibles para motores del que depende la economía nacional. Por tanto, la propiedad estatal de la planta de hidrógeno contribuye a la seguridad energética nacional.

Quedan 15 años restantes de un contrato de 20 años con una tarifa mensual básica de 1,47 millones de dólares. Como ningún contrato de Pemex contiene un lenguaje que aborde las responsabilidades en caso de expropiación, las partes se encuentran en una incógnita, aseveró la firma consultora.

El abogado especializado en materia energética de la Ciudad de México, Juan Carlos Collado, citado por la firma con sede en Houston, Texas señala: “Si hubiera sido abogado general de Pemex, nunca habría aprobado este contrato en su forma actual.

“El contrato adolece de una falta de claridad en cuanto a la determinación de una suma global mensual. Las cláusulas 9.1 y 9.2 son inconsistentes, al igual que otras. 

“El precio total para una futura expansión indefinida de la planta de hidrógeno es extraño y puede ser inaplicable”.

Al consultar al analista George Baker sobre la posibilidad de que este contrato haya sido resultado de prácticas de corrupción respondió:  “Siendo que ni el contrato de compa- venta, tampoco los anexos del contrato  de servicios está en el dominio público , no creo que tengamos la base documental para afirmar que hubo corrupción”.

Sin embargo, el estudio refiere que no hubo licitación pública. Las negociaciones se llevaron a cabo directamente (2017) desde la oficina del entonces director general de Pemex, José Antonio González Anaya,  según reveló una fuente de Pemex Transformación Industrial, extraoficialmente.

La decisión que tomó Pemex en 2017 de subcontratar el suministro de hidrógeno en la refinería de Tula fue una adopción tardía de una mejor práctica global. 

“La refinación de petróleo crudo es el negocio principal de una refinería. Todo lo demás debería subcontratarse. Las refinerías habitualmente contratan gases industriales. Es una práctica normal”, insiste Alejandro González, jefe mexicano de suministro, comercialización y logística de una gran refinería en Vietnam.

Según el informe, los observadores de la industria se preguntan si la agenda tácita del decreto del 29 de diciembre de 2023 que ordenó la ocupación temporal de la planta de hidrógeno, y que se complementaria con el citado decreto del 9 de febrero, es la renegociación de los términos y condiciones del contrato de suministro de hidrógeno a 20 años con Air Liquide.

Expropiación si las negociaciones fracasan

Se especula que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador utiliza el argumento de la seguridad energética nacional y la perspectiva de expropiación para persuadir a Air Liquide a renegociar su contrato de suministro de hidrógeno con Pemex Transformación Industrial (PTRI) en su refinería de Tula. Mientras que el plan B sería la expropiación si las negociaciones fracasan.

Juan Carlos Collado enfatiza que “tales acciones legales son contra el gobierno, no contra Pemex, y agrega que “siempre es preferible un acuerdo entre las partes que acudir a los tribunales”.

“Si no se resuelve nada de otra manera, la disputa tendrá que someterse a arbitraje, según la sección 40 del contrato”, dijo un analista del mercado de productos petrolíferos estadounidense que pidió que no se revelara su nombre.

“Sin embargo, presentar una demanda contra Pemex conlleva un alto costo, aplicado informalmente, de exclusión de futuras oportunidades de licitación”, advirtió.

La consultora Baker & Associates, Energy concluye que para la empresa “hay tres líneas de acción por delante: negociar un acuerdo con Pemex; buscar protección legal en los tribunales contra los decretos; y solicitar arbitraje contra  Pemex Transformación Industrial (PTRI)”, concluye George Baker, autor principal del informe.

Según el informe de la consultora de gestión “Air Liquide Hydrogen Repricing Repricing Dispute in Mexico”, el futuro de la subcontratación en las refinerías de petróleo nacionales de México está en duda.

Sin embargo, a los observadores de la industria les preocupa que la preferencia del gobierno por la propiedad y el control estatal pueda perjudicar las negociaciones. 

Un decreto de expropiación sería un cambio abrupto para ambas partes: Pemex se convertiría en el operador menos eficiente de la planta y Air Liquide enfrentaría un futuro incierto en cuanto a sus recursos legales, indemnización y compensación por la pérdida de ingresos.